Investigación

El acceso y disfrute a derechos de las personas mayores.

Punto de partida

Las personas mayores ostentan los mismos derechos que el resto de la sociedad y no por encontrarse, en ocasiones, en una situación de especial vulnerabilidad, pueden ver limitados de manera particular y desproporcionada  los mismos. Situación de vulnerabilidad que se ha visto incrementada durante la pandemia resultando en una mayor limitación de los derechos de los mayores en residencias, situación que hizo necesario nuestro proyecto:

En los primeros momentos de pandemia, las visitas a las personas mayores que vivían en residencias se restringieron, de la misma manera que al resto de la población. Transcurridos estos primeros momentos de desconcierto, las visitas a las residencias de personas mayores volvieron a permitirse, pero únicamente eran posibles cuando los visitantes eran familiares. De esta manera, las personas que vivían en residencias y que las visitas que normalmente recibían eran de voluntarios y no de familiares fueron asiladas socialmente.

Este hecho dio pie a nuestra primera toma de contacto con este colectivo:

Conseguimos que los voluntarios pudieran visitar a las personas que se encontraban en situación de aislamiento social preparando una carta para la Agencia Madrileña de Atención Social, con el objetivo de permitiesen la visita de los voluntarios en las residencias, ya que no existía ninguna normativa aplicable que limitase las visitas únicamente a los familiares y que estas medidas restrictivas tenían una incidencia directa sobre el derecho a la protección de la salud.

Una vez derruida esta barrera vimos la necesidad de definir una nueva línea de trabajo, de esta manera nace “Envejecer con derechos: que la edad no sea un límite”.

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Objetivos

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Objetivo general

En primer lugar, es preciso identificar y visibilizar las barreras sociales y legales que obstaculizan el ejercicio de los derechos humanos a las supervivientes y les impiden acceder a la justicia y a las medidas de protección, atención integral y reparación previstas para las víctimas de este tipo de delitos en la normativa española, europea e internacional. Por tanto, entre septiembre de 2019 y septiembre de 2020 se propone llevar a cabo una investigación socio-jurídica, tomando como punto de partida las voces de supervivientes de trata de personas y la experiencia de profesionales del sector de la intervención social y operadores jurídicos con responsabilidades en esta materia.

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Objetivos específicos

En segundo lugar, es fundamental mejorar el conocimiento sobre los derechos que tienen las víctimas y/o supervivientes de trata de personas y sobre el impacto que tiene la explotación sexual en su vida, su salud e incluso en su entorno, con el fin de mejorar el acompañamiento integral y evitar su revictimización. Por ello, entre septiembre de 2020 y septiembre de 2021 está previsto elaborar una guía con el objetivo de acercar a la abogacía, a otros operadores jurídicos y profesionales del ámbito de la intervención social a la realidad de las víctimas y/o supervivientes de la trata de personas con fines de explotación sexual y proponer orientaciones y herramientas prácticas para facilitar una mejor atención asumiendo los estándares propios del enfoque de derechos y género.

Metodología

El Proyecto supone la colaboración entre una fundación jurídica de reconocido prestigio en el desarrollo de la abogacía responsable e iniciativas jurídicas de alto impacto social (Fundación Fernando Pombo) y una asociación dedicada a la atención integral y al acompañamiento a víctimas y/o supervivientes de trata de seres humanos (Asociación Trabe), lo que nos permite proponer herramientas y recomendaciones prácticas para superar las barreras que limitan los derechos desde un enfoque multidisciplinar.

El Proyecto se plantea desde una metodología de trabajo innovadora, dando voz a las víctimas y/o supervivientes de trata de seres humanos.

Conclusiones

La trata de personas es una de las mayores lacras a las que nos enfrentamos en la actualidad, tanto por su prevalencia a nivel mundial como por las gravísimas vulneraciones de derechos que conlleva. En consecuencia, la comunidad internacional y la práctica totalidad de los estados se han comprometido a actuar con la debida diligencia con el fin de prevenirla, proteger a las víctimas y perseguir y sancionar a quienes perpetúan esta forma de esclavitud moderna.